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25 de noviembre de 2015

Ante la baja del petróleo la IV República redujo salarios y aumentó precios


En los años de una novedad radial con Notirumbos y su marimba y de una reincidencia en organismos de represión con el cambio de la Seguridad Nacional por la Digepol, trabajadores venezolanos sufrieron una reducción de salarios de hasta 10% ante la baja de 0,05 (2,5%) centavos de dólar en los precios del crudo nacional en 1961.

La medida adoptada por Rómulo Betancourt resulta emblemática de las políticas aplicadas por los Gobiernos de la IV República (1958-1998), que durante 40 años le prometieron mejores condiciones de vida al pueblo pero frente a cualquier signo de crisis optaban por sacrificarlo para proteger a las élites.

"Un gobierno presidido por mí no sería jamás un instrumento de injusticia social", aseguraba Betancourt mientras su administración servía a sectores empresariales y arreciaba la represión, bajo el amparo de las “fuerzas vivas” del país, ganadas para una feroz campaña anticomunista justificada en la “defensa de la democracia”.

El presupuesto del segundo semestre de 1960, calculado en 2.842 millones de bolívares, tenía un déficit de 600 millones de bolívares, aunado a fuga de capitales, desequilibrios en la balanza de pagos y disminución de las reservas internacionales.

En la prensa, se especulaba sobre las acciones que tomaría el Ejecutivo para enfrentar la debacle, y representantes del latifundismo "sugerían" al Gobierno suspender las garantías constitucionales e instaurar "una dictadura económica y política" para "sobrepasar la angustiosa situación económica", y poder "palpar la introducción al país de grandes capitales extranjeros".

La cúpula empresarial agrupada en Fedecámaras presumía de enviar telegramas a Miraflores para "recomendar" aumentar la exportación de petróleo y reducir gastos burocráticos y sueldos.

El 8 de noviembre de 1960 Betancourt comenzó a cumplir las instrucciones, y estableció por primera vez en el país un control de cambio para evitar la fuga de capitales. Fue el paso de una serie políticas fiscales, que en un principio negó y que terminó por aplicar en medio de una intensa campaña mediática.

"El Ejecutivo Nacional ha acordado establecer en forma transitoria un sistema de distribución de las divisas que el Gobierno adquiere por intermedio del Banco Central de Venezuela", expresó el comunicado oficial en el que se anunció la suspensión por 48 horas de la venta de divisas.

El control de cambio se aplicó sin una planificación adecuada, y sin tomar en cuenta las previsibles afectaciones a los venezolanos. Los cupos para la adquisición de dólares eran asignados a discreción por los bancos, que privilegiaban a sus clientes y fomentaban la reventa en un mercado especulador o "bolsa negra".

Potencia petrolera al borde de la quiebra

En los años 60 Venezuela era considerada uno de los mayores productores de crudo del planeta al bombear en promedio 2,3 millones de barriles diarios, un 13,6% del mercado mundial.

Sin embargo, el 80% de la industria petrolera nacional estaba en manos de dos grandes transnacionales: Standard Oil de New Jersey, que contaba 48% de la producción —incluyendo su subsidiaria Creole— y Royal Dutch Shell, y su dependiente Shell de Venezuela, que tenía el 32% de la extracción, para asegurar que las exportaciones de la nación cubrieran el 41% de la demanda de Estados Unidos.

Este sector estratégico para la economía del país se encontró al borde del colapso en 1961. "En el mínimo ganancias de la industria petrolera", reseñó el diario El Universal, al referirse a la denuncia realizada por el ministro de Minas e Hidrocarburos, Juan Pablo Pérez Alfonzo, y que tenía gran significado, teniendo en cuenta que la industria de hidrocarburos representaba el 33% del Producto Interno Bruto (PIB) y el 60% de los ingresos fiscales, tal y como refiere Carlos Goedder en su obra: Historias del Oro Negro, La Industria Petrolera Venezolana en 1960.

A esta situación se sumó la caída en el precio promedio del barril de crudo, por lo que Betancourt decidió continuar acatando "las sugerencias" del empresariado, e implementó medidas que afectaron la calidad de vida 7,5 millones de personas que habitaban en el país.

Elevó el tipo de cambio, que se había mantenido en 3,35 bolívares por dólar entre 1945 y 1960, a 4,58 bolívares por dólar. Esta devaluación de la moneda nacional en 36% produjo un alza indiscriminada en precios de alimentos, productos de primera necesidad, bienes y servicios.

"Escandaloso aumento de los precios en artículos de primera necesidad", era el título de uno de los artículos con el que el diario El Mundo reseñaba el encarecimiento de alimentos como el pescado y  el queso.

Una encuesta publicada por la revista Sic -que comulgaba con las políticas derechistas y anti comunistas de AD- reseñó que el 50% de las familias que habitaban en julio de 1961 en el Barrio La Unión de Petare, zona popular en el área metropolitana de Caracas, percibía un ingreso máximo de 2 bolívares por día, cerca de 60 bolívares al mes.

Con esos 60 bolívares, un trabajador con un núcleo familiar de 8 integrantes podía comprar al mes: 2 kilogramos (kg) de arroz, 2 kg de harina, 2 kg de pasta, 1kg de caraotas, 1 kg de leche en polvo, 1 kg de café, 1 kg de azúcar, 1 litro de aceite, 1 cartón de huevos, 1 kg de pollo, 1kg de carne, 1 kg de queso, 1 kg de papas. En eso gastaba más de 83% de sus ingresos (50 bolívares).

“No tuve dinero / pa' haberte / comprado la felicidad”, sonaba con La Billos, de Felipe Pirela y Cheo García, en la canción Pobre del pobre, uno de sus éxitos de la época.

Injusticia y represión

El mismo Congreso de la República que aprobó a puertas cerradas la Constitución Nacional de 1961 otorgó poderes especiales al Presidente. El 29 de junio de ese año, y luego de haberlo negado por meses, Betancourt utilizó esos poderes para cumplir "las instrucciones" de Fedecámaras: aumentó los impuestos y redujo hasta en 10% el sueldo de los trabajadores del sector públicos, para aminorar el déficit presupuestario y “reanimar” la economía.

La decisión aprobada por el congreso puntofijista —dirigido por los dos sucesores de Betancourt: Raúl Leoni y Rafael Caldera— pretendía ahorrarle al Estado 50 millones de bolívares costa del sacrificio del pueblo.

Ese pueblo salió a la calle a protestar las medidas que atentaban contra su calidad de vida, en medio de la fuerte represión y la suspensión de garantías, ordenadas por Betancourt y defendidas por una prensa comprometida a "preservar el sistema democrático" y a condenar a la izquierda.

Las protestas populares fueron calificadas como "acciones antidemocráticas" y los estudiantes y trabajadores públicos como "extremistas", lo que abonó el camino para que fueran perseguidos y encarcelados.

"Enviados presos a Los Teques funcionarios filos-rojos de Petare", "Tanques y caballerías patrullarán las calles para salvar la democracia", "AD moviliza sus efectivos", "El ejército en la calle para salvar la democracia", y "La democracia comienza a defenderse", titulaba la prensa .

Ante ese escenario decía el arzobispo de Caracas: “Es una obligación de conciencia respetar al Gobierno Constitucional”. Mientras Rafael Caldera advertía que “si triunfa el extremismo se pierde la libertad”, y el Departamento de Estado de Estados Unidos recordaba que Betancourt había sido “elegido por el voto popular en elecciones constitucionales”.

En ese tiempo, mientras en los cines de Caracas se reestrenaban películas de los años 50 como Rebelde sin causa, La ventana indiscreta y la mexicana Vuelven los García, el país era conmocionado por la atroz violación y asesinato de Lesbia Biaggi, hermana del sacerdote Luis Biaggi, principal sospechoso del crimen. Fue uno de los cuatro casos ocurridos entre 1961 y 1973 relatados por Fermín Mármol León en el libro Cuatro crímenes, cuatro poderes (1979), obra que denuncia abusos de la élite militar, política, eclesiástica y económica del país.

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